Ciudadanía, en términos formales, condición social de un miembro nativo o naturalizado de una ciudad o Estado. La ciudadanía, en términos sustantivos, es la posición de miembro de una determinada comunidad política, con derechos y deberes definidos. Aunque históricamente la ciudadanía aparece en las ciudades de la Grecia clásica y en Roma, su desarrollo fue muy limitado hasta la consolidación de los estados-nación y la eclosión de los sistemas democráticos. El arraigo de la ciudadanía es resultado de un largo proceso que puede condensarse en dos tipos básicos de evolución: por un lado, el que responde a un proceso revolucionario, como en el caso de Francia o Estados Unidos; por otro, aquel que, como en el caso de Alemania, combina derechos conferidos por el Estado con otros desarrollados por sociedades civiles. El modelo español se asemeja mas a este último patrón.
El concepto de ciudadanía apareció en la primera Constitución liberal española de 1812 y se extendió por toda la América española, sirviendo de fundamento a los movimientos de emancipación, que desembocaron en la independencia y la redacción de constituciones liberales en los nuevos países americanos.
Según el esquema clásico del sociólogo británico T.H. Marshall, la extensión de los derechos de ciudadanía parte, en un primer momento, del reconocimiento de los derechos civiles, como la libertad personal, de pensamiento y credo, la propiedad y el derecho a la justicia. Posteriormente, se desarrollan los derechos políticos, como el derecho al voto y a ser elegido, y finalmente aparecen los derechos sociales, por los cuales se reconoce el derecho a un mínimo bienestar y seguridad económica. El concepto de ciudadanía, por tanto, se halla en la base de la legitimidad y la capacidad de inclusión de los diferentes grupos sociales de los sistemas democráticos.
La extensión de los derechos sociales de ciudadanía se plasmó a lo largo del siglo XX en la aparición del Estado de bienestar. En sí mismos, estos derechos no ponían en cuestión los fundamentos del sistema capitalista, pero supusieron un freno a la soberanía del mercado al propiciar, mediante recursos públicos, la corrección de cierto grado de desigualdad social. Por otra parte, la profunda crisis, aún no resuelta, que desde mediados de la década de 1970 atraviesan los modernos estados de bienestar, si bien no pone en cuestión el reconocimiento de estos derechos sociales, sí ha supuesto una profunda revisión de su aplicación práctica.
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Como en casi todo, ha habido diferentes opiniones en la historia sobre la mejor manera de promover la igualdad. Los pensadores socialistas quisieron ayudar a construir una sociedad en la que no existiesen las diferencias entre las personas. Entendían que todos los hombres y todas las mujeres deben ser iguales, y no unos más ricos que otros. Los liberales, en cambio, se apropiaron también de ese concepto para explicarlo de otra manera: no se trata de evitar que haya personas más ricas que otras, sino de asegurar que todos tengamos las mismas posibilidades de conseguir esas riquezas: es la igualdad de oportunidades.
Una forma habitual de conseguir que todos tengamos las mismas oportunidades (de que seamos lo más iguales posible) es la redistribución de la riqueza. ¿Qué es eso…? Muy sencillo: es la forma en que los gobiernos reparten los bienes que se han obtenido en un país para que no vayan a parar solo a las personas ricas, sino también a los más necesitados.
El medio por el que los gobiernos consiguen ese reparto es a través de los impuestos. Cuanto más rica es una persona, más impuestos paga; los menos acaudalados pagan menos. Y todo ese dinero sirve al final para construir carreteras, hospitales, colegios, etc.; es decir, va destinado a que la mayoría disfrute de cosas que no podría pagar solo con su dinero. El Estado del bienestar, aparecido en Europa después de la II Guerra Mundial, representa el máximo esfuerzo para lograr una mayor igualdad sin sacrificar la libertad de las personas.
Otra forma de redistribución de la riqueza, a nivel mundial, es que los gobiernos o algunas organizaciones de los países más ricos den parte de su dinero a los países más pobres. Esas ayudas intentan disminuir la pobreza de las zonas menos desarrolladas. No obstante, en la actualidad se discute si no es mejor ayudar a que los países pobres aprendan a superar su situación creando escuelas, hospitales, universidades o carreteras, y enviando profesores, ingenieros o médicos en lugar de solo dinero.
El concepto de ciudadanía apareció en la primera Constitución liberal española de 1812 y se extendió por toda la América española, sirviendo de fundamento a los movimientos de emancipación, que desembocaron en la independencia y la redacción de constituciones liberales en los nuevos países americanos.
Según el esquema clásico del sociólogo británico T.H. Marshall, la extensión de los derechos de ciudadanía parte, en un primer momento, del reconocimiento de los derechos civiles, como la libertad personal, de pensamiento y credo, la propiedad y el derecho a la justicia. Posteriormente, se desarrollan los derechos políticos, como el derecho al voto y a ser elegido, y finalmente aparecen los derechos sociales, por los cuales se reconoce el derecho a un mínimo bienestar y seguridad económica. El concepto de ciudadanía, por tanto, se halla en la base de la legitimidad y la capacidad de inclusión de los diferentes grupos sociales de los sistemas democráticos.
La extensión de los derechos sociales de ciudadanía se plasmó a lo largo del siglo XX en la aparición del Estado de bienestar. En sí mismos, estos derechos no ponían en cuestión los fundamentos del sistema capitalista, pero supusieron un freno a la soberanía del mercado al propiciar, mediante recursos públicos, la corrección de cierto grado de desigualdad social. Por otra parte, la profunda crisis, aún no resuelta, que desde mediados de la década de 1970 atraviesan los modernos estados de bienestar, si bien no pone en cuestión el reconocimiento de estos derechos sociales, sí ha supuesto una profunda revisión de su aplicación práctica.
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Como en casi todo, ha habido diferentes opiniones en la historia sobre la mejor manera de promover la igualdad. Los pensadores socialistas quisieron ayudar a construir una sociedad en la que no existiesen las diferencias entre las personas. Entendían que todos los hombres y todas las mujeres deben ser iguales, y no unos más ricos que otros. Los liberales, en cambio, se apropiaron también de ese concepto para explicarlo de otra manera: no se trata de evitar que haya personas más ricas que otras, sino de asegurar que todos tengamos las mismas posibilidades de conseguir esas riquezas: es la igualdad de oportunidades.
Una forma habitual de conseguir que todos tengamos las mismas oportunidades (de que seamos lo más iguales posible) es la redistribución de la riqueza. ¿Qué es eso…? Muy sencillo: es la forma en que los gobiernos reparten los bienes que se han obtenido en un país para que no vayan a parar solo a las personas ricas, sino también a los más necesitados.
El medio por el que los gobiernos consiguen ese reparto es a través de los impuestos. Cuanto más rica es una persona, más impuestos paga; los menos acaudalados pagan menos. Y todo ese dinero sirve al final para construir carreteras, hospitales, colegios, etc.; es decir, va destinado a que la mayoría disfrute de cosas que no podría pagar solo con su dinero. El Estado del bienestar, aparecido en Europa después de la II Guerra Mundial, representa el máximo esfuerzo para lograr una mayor igualdad sin sacrificar la libertad de las personas.
Otra forma de redistribución de la riqueza, a nivel mundial, es que los gobiernos o algunas organizaciones de los países más ricos den parte de su dinero a los países más pobres. Esas ayudas intentan disminuir la pobreza de las zonas menos desarrolladas. No obstante, en la actualidad se discute si no es mejor ayudar a que los países pobres aprendan a superar su situación creando escuelas, hospitales, universidades o carreteras, y enviando profesores, ingenieros o médicos en lugar de solo dinero.
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